Industria dice que no aprobará una norma que dé capacidad a entidades de gestión para cerrar webs

El Ministerio de Industria no aprobará ninguna norma jurídica que otorgue a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual capacidad para promover el cierre de páginas web que puedan ejercer supuestas actividades ilegales, "ni dentro del articulado de la Ley de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI) ni en otra independiente", según confirmó un portavoz del Ministerio, que explicó que desde el Gobierno se busca "un debate abierto para encontrar el entendimiento" en materia de protección de la propiedad intelectual en la Red. De esta forma, Industria confirma la opinión expresada por su titular, Joan Clos, en el Senado, que insistió en que la ley, que ya ha iniciado su trámite legislativo, "se redactaría en los términos previstos inicialmente", esto es, excluyendo el artículo 17 bis, que apareció en un borrador de la norma pero quedó eliminado del anteproyecto. Para encontrar este entendimiento, Industria había planteado la posibilidad de debatir acerca de la protección del derecho a la propiedad intelectual en el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (Catsi), a cuya reunión de hoy estaban convocadas ambas partes, pero que finalizó sin acuerdo. Desde el Ministerio insistieron en que la LISI se tramitará tal y como se presentó en Consejo de Ministros recientemente, y que el debate queda abierto ante la posibilidad de regular este conflicto de intereses, pero no en la línea del llamado Artículo 17 bis. "En esos términos no se va a presentar nada, y no va a existir una normativa que conceda esa capacidad a las entidades de gestión, ni en esa ni en otra norma, tal y como ya se dijo en su momento, en la presentación" del texto, zanjó ese portavoz. Por ello, la postura de Industria se centraba en encontrar el "acercamiento" entre las citadas entidades y las asociaciones de internautas y de usuarios, en un proceso "abierto a sugerencias", para lo que había dispuesto de un plazo de dos meses, y en el que estén representadas "todas las entidades que quieran, siempre y cuando sean representativas". La primera reunión de este grupo de trabajo ha terminado sin acuerdo.