Solicitan eliminar el monopolio sobre los medios de comunicación en Bolivia

Un grupo de profesionales de la comunicación bolivianos han solicitado eliminar en la futura Constitución Política del Estado el monopolio que ejercen algunas familias y grupos políticos sobre los medios de comunicación de aquel país. Según la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP), las licencias que se otorgaron en anteriores años a radios y canales de televisión "propiciaron el monopolio de la información para un grupo de empresarios vinculados a intereses transnacionales, de la agroindustria y de la banca y a viejos partidos neoliberales que propiciaron el saqueo de las riquezas naturales y últimamente el enfrentamiento entre los bolivianos". Marcelo Arce, secretario ejecutivo de la Federación y cabeza de la delegación que en Sucre mantuvo una audiencia pública en una comisión de la Asamblea Constituyente, señaló que "eso se debe a que los dueños de los medios defienden otros intereses", según un informe de la Agencia Boliviana de Información (ABI). Desde 1985 a la fecha, hay personas que tienen decenas de radios y varios canales en el país y sus licencias, de acuerdo a la legislación vigente, duran cuarenta años. La delegación recordó que "pese a que la actual Constitución no reconoce los monopolios, en los medios, esos monopolios existen", y que actualmente "las distintas familias propietarias utilizan sus medios de comunicación para resguardar sus intereses empresariales". En la propuesta entregada por la FTPLP a la comisión de derechos deberes y garantías de la Asamblea Constituyente se propone crear un órgano de control social para fiscalizar a los medios, "no con el ánimo de censurar el contenido de la información que ofrecen sino para evitar la monopolización de la información", según aclaró su secretario ejecutivo. En la propuesta se pedirá respetar el espíritu de la Ley de Imprenta de 1925, pero adecuándola al desarrollo de la tecnología y de los medios de comunicación; y garantizar la inviolabilidad y confidencialidad del secreto de información, comunicación y expresión, salvo las restricciones establecidas por ley.