La reciente aprobación de la Ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, cuyo principal objetivo es actuar contra el "redondeo" en distintos servicios entre los que destacan los de la telefonía móvil, ha generado la expectativa ante la opinión pública, promovida por las asociaciones de consumidores y usuarios, de que su aplicación iba a generar una reducción de los precios, pero eso no tiene porque ser necesariamente así. La Ley no establece cómo deben facturarse los servicios de telefonía móvil ni especifica que tenga que hacerse por segundos. El propio presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez, ha señalado en este sentido que la nueva Ley se ha diseñado para incrementar la transparencia, y no para bajar ni para subir precios. Rodríguez ha explicado que "la política del redondeo vino en los términos en los que vino y se ha generado una expectativa de que la aplicación de este nivel de transparencia iba a traer consigo automáticamente una reducción de precios". Sin embargo, aclaró que no es ese su alcance: "Es una ley de defensa del consumidor y de garantía de que puede elegir, pero no una ley para incrementar los precios". Un mercado en competencia se caracteriza porque en él, los precios tienden a reflejar la estructura de los costes con una tasa de retorno razonable; y la forma en la que los operadores facturan los servicios de comunicaciones móviles guarda una relación directa con la estructura de los costes en los que incurre este operador para la prestación de sus servicios. Por otro lado, la eliminación de las cuotas fijas y la puesta en el mercado de nuevas formas de comercialización del servicio como el prepago, han resultado claves para garantizar el acceso a la telefonía móvil de la práctica totalidad de la población, con independencia de su capacidad económica o su nivel de demanda. Se trata de una "democratización" en el acceso al servicio que ha constituido una herramienta fundamental para disminuir la brecha digital entre diferentes colectivos, creando las condiciones de partida favorables para la convergencia con Europa. Además, fuentes del sector destacan que la evolución de los precios de los servicios de telefonía móvil en España ha tenido una fuerte tendencia decreciente fruto del elevado grado de competencia existente en el mercado, con el ánimo de ofrecer a los clientes una oferta competitiva, con un balance óptimo entre el valor del servicio ofrecido y el precio facturado por el mismo. La evolución de los servicios de comunicaciones vocales ha sufrido una evolución a la baja con unas reducciones en los precios finales muy significativas en los últimos años que no tiene parangón en ningún sector de la economía española, caracterizada por su tendencia inflacionista. Según los expertos, ningún otro sector ha contribuido tanto en los últimos años a moderar la evolución al alza del Índice de Precios al Consumo. Por todo esto, la tentación de adoptar medidas de intervención de precios en un mercado que funciona de forma natural, rompería la dinámica de evolución de los servicios de comunicaciones móviles, de forma que la reducción de precios en el corto plazo, tendría como contrapartida negativa la ralentización del despliegue de las redes y los servicios de tercera generación y un menor ritmo de introducción en el mercado de las nuevas tecnologías al reducirse la capacidad de actuación de los operadores en favor de su desarrollo.
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