A solo dos meses de las lecciones autonómicas, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha caído en la cuenta de que uno de los sectores de servicios más boyantes y de mayor alcance popular está cometiendo abusos de todo tipo. Los excesos realizados por las operadoras de telefonía móvil anunciados por el portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, parecen sacados del vademécum de torpezas en el sector de la telefonía móvil. Por lo visto, según afirman, Telefónica, Vodafone y Orange, se han puesto de acuerdo para cometer delitos de todo tipo. Las tres ha sido acusadas de cometer los mismos fraudes y, por lo visto, al mismo tiempo. Por ejemplo, las tres modifican de forma unilateral sus condiciones de prestación de servicio y las tres realizan publicidad engañosa. No parece muy real esta acusación, habida cuenta de la feroz competencia que reina entre estas compañías. Parece que el Gobierno de Madrid acaba de caer en la cuenta de lo rentable que puede llegar a ser enfrentarse las operadoras de telefonía móvil, aunque sólo sea por una cuestión de imagen con tintes de populismo. Donde patinó el portavoz del Gobierno madrleño es cuando afirmó que las tres compañías cobran por minutos o fracciones –otra sanción que les va a caer-; cuanto todo el mundo sabe que recientemente adoptaron el modelo de tarificación por segundos, razón por la que surgió la polémica acerca de la subida de tarifas del móvil.
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